En la sala primera de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas se desarrolló un juicio oral y público por el delito de tráfico de Drogas, concretamente cannabinoides sintéticos “Químico”, en el que la Fiscalía solicitó sanciones de 8 y 9 años de privación de libertad a los implicados, lo que reafirma la política del país de tolerancia cero a las drogas.
La Fiscalía Provincial solicitó una pena de 9 años para el acusado YGR (de 22 años, natural de San Miguel del Padrón y residente en la capital), quien adquiría la droga en La Habana, confeccionaba cigarrillos “bates”, y se los vendía al acusado AVU, alias “El Abuelito” (de 24 años y residente en Cárdenas), a quien se le solicitó una sanción de ocho años de privación de libertad.
Al momento de la detención por agentes del orden, en el punto de control de Bacunayagua y con previa información de oficiales de la Sección Antidrogas de Matanzas, al ciudadano YGR se le ocuparon 10.10 gramos de droga sintética que trasladaba dentro de una mochila, lo que equivale a más de 1000 cigarrillos, teniendo en cuenta que con un gramo se producen entre 100 y 120 dosis.
AVU, quien según investigaciones desde hace algún tiempo atrás se venía dedicando a la adquisición de drogas (principalmente las de diseño o cannabinoides sintéticos, conocida en el argot popular como “Químico” revendía a $300 CUP cada unidad, un negocio lucrativo pero con alto costo social por lo nocivo que resulta para la salud humana, según enfatizó el fiscal en su informe oral antes los jueces que decidirán el asunto.
Los hechos narrados constituyen un delito relacionado con drogas ilícitas o sustancias de efectos similares, tipificado en el artículo 235.1 a) del Código Penal, que contempla penas de entre 4 y 10 años de prisión para quienes sean hallados culpables.
En la tramitación del proceso y en el acto de juicio oral, se cumplieron las garantías procesales y el respeto al debido proceso consagrados en la ley del Proceso Penal y en la Constitución. La sentencia se le notificará dará tanto a los acusados como a la Fiscalía el próximo 17 de julio.
En caso de que alguno de ellos se encuentre en desacuerdo con la decisión judicial, podrá interponer el correspondiente recurso de casación que le autoriza la ley, para que el proceso sea examinado por el Tribunal Supremo Popular, máxima instancia judicial del país.
(Tomado de Periódico Girón)
