Por. Grupo de Comunicación Social del Gobierno  del Poder Popular en Matanzas

Los lunes suelen ser muy apasionados en entrega al ejercicio laboral, y la sede del Gobierno Provincial del Poder Popular en Matanzas no constituye, ni mucho menos, una excepción. Resultó intenso el de hoy, al abordarse temas vitales como el enfrentamiento a los precios abusivos y especulativo.

Alina vera Bouza, directora de Finanza y Precios Provincial, ofreció al Grupo de Comunicación Social de la entidad gubernamental una pormenorizada explicación, con datos numéricos incluidos, acerca del comportamiento de dicho territorio en tales funciones.

Precisó que la demarcación requiere de un incremento significativo en el hacer, e incluso en el número de este valioso ejército de hombres y mujeres, pero también que lo hecho hasta ahora no demerita en nada el actuar de cada inspector en el período que abarca los meses de enero a abril últimos.

Por ejemplo, en la provincia -13 municipios-  es de 140 el promedio diario de estos funcionarios públicos en el ejercicio de su labor, y el índice de detección de violaciones asciende al 43,9 por ciento, alrededor de un dos por ciento por debajo de lo materializado en el país, mientras que en el acápìte de las multas impuestas, según tipo de violaciones, se comportó al 95,8 %.

Se realizaron 48 758 inspecciones a similar cantidad de actores con violaciones, a los que se les impusieron 20 504 multas, lo que significa el 95,8 %, según la transgresión detectada en el lugar.

Del total de sanciones, 6234 correspondieron al Decreto 30, que incluye en sus señalamientos la política de precios, o sea, engaño al consumidor en peso y costo del producto, pizarras desactualizadas, entre otras faltas.

A 1 261 ascendieron los Decreto-91 aplicados en el sector de trabajadores por cuenta propia, al violarse, entre otros males, los proyectos oficiales, no mostrar al inspector las informaciones que les soliciten, no portar en el ejercicio de la actividad los documentos exigidos, no mostrar a las autoridades facultadas cualquier modificación en el proyecto de trabajo cambio de su domicilio legal, o lugar donde ejerce la actividad. Esta son las menos graves.

Se consideran graves, incumplir lo aprobado en el proyecto, realizar las actividadess sin la licencia o permiso requeridos, incumplir las normas higiénico-sanitarias vigentes y de inocuidad de los alimentos, y obstaculizar  o dificultar la actuación de la autoridad facultada al limitar el acceso a los lugares para comprobar la existecia de contravenciones, o impedir las pruebas necesarias en el proceso de inspecciòn, entre otras medidas e indicaciones previstas.

En estos cuatro meses de labor el importe total de las multas ascendió a 49 809 786,79 pesos, lo que no obstante se considera muy por debajo dada la cantidad de violaciones que a diario se comenten, sobre todo en engaño al consumidor en cuanto a la alteraciòn de precios y el peso de productos en los comercios, incluidas bodegas, mercados agropecuarios estatales, placitas, y la variedad de establecimientos privados.

En cuanto a las violaciones por municipios, en el de Matanzas el ecumulado total en cuanto a precios concertados (247), agrcultura (217), transporte (176) y otros (1582), para un total de 2 222. Y por ese orden, Cárdenas, 276-237-135-3188 (3836); Martí, 6-0-9-796 (811); Colón, 98-182-1337-1196 (2813); Perico, 10-128-214-6119 (971); Jovellanos, 426-2271-259-945 (3901; y Pedro Betancourt, 54-130-11-2554 (2749).

En los restantes territorios, Limonar, 53-63-9-368 (493); Unión de Reyes, 9-20-45-1052 (334); Ciénaga de Zapata, 0-0-85-249 (334); Jaguey Grande, 33-43-69-1355 (1500); Calimete, 62-53-88-745 (948); y Los Arabos, 9-69-50-736 (864).   

Si bien la provincia realiza un trabajo ingente para completar las plantillas de trabajadores y trabajadoras en cada municipio, existen otros factores que atentan contra el buen desenvolvimiento de esta importante labor, como el bajo salario, no creadas todas las condiciones para estos inspectores en el ejecicios de sus respectivas funciones, a veces no poseen la alimentaciòn adecuada luego de largos recorridos, y tambièn es necesario el reconocimiento social y oficial por sindicatos y entidades afines, llevados a veces por criterios de barrios sin argumentos reales.